Error político. Arrogancia del cartismo puso en riesgo la relación con sus bases, manifiestan. Mayoría en juego. Para analistas, la billetera ya no es decisiva en tiempos de compulsa electoral. Transparencia. Falta de diálogo con sectores afectados generó un sentimiento de traición. Cambio. Si se afina la narrativa y hay concesiones, cartismo podrá tapar hemorragia, advierte

Analistas políticos coinciden en que la reculada del Gobierno respecto al proyecto de reforma de la Caja Fiscal, que se postergó para el 25 de marzo próximo, a raíz de una gran movilización docente, fue por el alto costo político que acarrearía al Gobierno de Santiago Peña y al movimiento Honor Colorado.

Señalan que el oficialismo cometió una serie de errores que terminaron impactando negativamente en la agenda de Gobierno y poniendo en tela de juicio la mayoría que hasta ahora ostentaba el cartismo en el Legislativo, en particular en el Senado.

Indican que hay un antes y después del pasado 10 de febrero en que se llevó a plenaria del Senado la discusión de la reforma de la Caja Fiscal, que afecta el régimen de jubilación de varios sectores del funcionariado público.

Esta tuvo que postergarse por falta de votos del cartismo, que acusó recibo de la tensión social en la calle.

Para el politólogo, Marcello Lachi, el cartismo erró en varios aspectos y no tuvo lectura del momento político. Pesó más su “arrogancia e inoperancia política”, enfatizó.

“Se retrasó demasiado el tratamiento de la Caja Fiscal, ya que esta discusión ya viene desde 2010; es decir, hace 15 años del problema. Lo tuvimos al final de la era Lugo, en el año del Gobierno de Franco, y los cinco años de Cartes y luego de Abdo Benítez, sumado a los dos años y medio de este gobierno que, hoy despertaron, quisieron aprobarlo en 5 minutos y en vacaciones para no molestar. Pero esto no se hace a meses de las municipales y en medio de una interna colorada. Si hubo que hacerlo debió ser dos años atrás”, indicó. Consideró que tal vez hace dos años “pasaba tranquilamente”, sin el costo político que el gobierno hoy reciente.

Consideró que el cartismo cayó en su propia “estupidez” y puso un tema tan sensible en la mesa en un momento preelectoral por “arrogancia y su inoperancia política manifiesta, lo que ya se vio con Prieto al intentar sacarlo del medio, como esperando por el camino un milagro que los esteños voten al zacarismo pese a que la gestión de Miguel Prieto era apreciada, no lo digo yo, sino estudios”, expresó Lachi.

Recalcó que el error de cálculo fue llevar a tambor batiente la reforma “en un momento histórico y frente a una situación así y llegás a cuatro meses de municipales para definir quién manda o Cartes o la oposición interna. Te metés en una reforma que afecta a los docentes que son la columna electoral por sobre todo en las mesas donde constituyen el 90 por ciento o la grandísima mayoría en las municipales y las generales”, indicó.

Expresó que fue manifiesta la enemistad que logró el oficialismo, en poco tiempo por este tema, con los docentes, y por ello se dio la reculada.

“Por esta enemistad y además de esta estupidez (de llevar a cabo en año electoral) no puede hacer la reforma. Y es un fracaso y es una reculada. Pero pienso que pusieron para el 25 de marzo, donde es muy visible que podrían aprobar sobre tablas y enviar para su promulgación”, manifestó.

Para Lachi, está claro que en momentos electorales la billetera tiene un papel relativo, partiendo desde el punto de vista de que el cartismo está atado a la conveniencia económica.

Recursos no son suficientes. “Hoy la billetera es muy relativa porque cada parlamentario tiene un apoyo relativo y precisa de concejales e intendentes. Basados sobre esta norma es probable que la mayoría ya la perdió. El cartismo tiene 11 (fieles) y una mitad de 12 ex abdistas, que se vendieron para acceder a recursos. Los Samaniego ceden, pero negociando, después compró liberales y de otros grupos. Pero la mayoría se basa sobre interés. Ni 11 son fieles cien por ciento”, señaló Lacchi.

Aún así, dijo que la reforma pasaría, por medio de una negociación donde el Gobierno ofrezca “compensación para lo que lo que le quitan”. Al final, consideró que el cartismo se complica solo por “ese mix de arrogancia y estupidez”.

Falta de transparencia pasa factura. Para la politóloga Selva Castiñeira, también hubo un descuido de parte de quienes manejan el gobierno y su equipo, dejando de lado el momento político y también no midiendo la reacción ciudadana que un tema como la reforma de la Caja Fiscal puede acarrear.

Puso énfasis en que para el partido de gobierno en general, y el cartismo, en particular, el hecho de querer aprobar leyes en dos horas o un día, va traer cada vez más reacciones, dado que hoy la ciudadanía está polarizada en varios segmentos, y no solo como pretenderían los políticos.

“Fue un descuido y no se previó en su momento. Nosotros somos el país que está vendiendo estabilidad, inversión y una cuestión doméstica no se puede tratar de esta manera. No se esperaban la reacción y, además, están acostumbrados en dos horas y dos días y tampoco esta forma de hacer política es ya sostenible en el tiempo. Los tiempos han cambiado y hasta la forma de hacer la campaña y hasta la forma de presentar el mensaje han cambiado. Hoy existe una polarización muy grande y no solo hay un segmento o dos grupos, uno tuyo y otros que no cuenta para ellos. Hoy se debe escuchar a todos”, enfatizó.

Expresó, además, que los colorados descuidaron a una base que generalmente les rinde fidelidad casi al cien por ciento y forman sus bases casi en forma mayoritaria, refiriéndose a maestros.

“Electoralmente perjudica al partido de Gobierno porque allí –entre los afectados– están las bases y estructuras del gobierno y hoy prácticamente tienen un rechazo de parte de ese segmento que tiene y con los que contaban ellos electoralmente”, indicó.

Para Castiñeira, se tuvo que anticipar una reacción por la falta de consenso entre quienes se sentían afectados.

Consecuencia electoral. Según la Dra. en Ciencias Políticas y docente universitaria Sara Mabel Villalba, para explicar la reculada del Gobierno se deben analizar muchos factores y diferentes coyunturas.

“Primero, este tema afecta a gran parte de la población, a diferentes sectores sociales y afecta a quienes forman parte del electorado colorado históricamente, en la transición posdictadura. Cabe decir que la ANR ha actuado como oficialista y oposición y es un hecho usual que algunas medidas llevadas a cabo por el Gobierno terminen afectando negativamente dentro del mismo sector y se genera esta oposición y división”, dijo.

Por otra parte, advirtió que el partido de Gobierno, entendiendo esta lógica, buscará en esta etapa la negociación en busca de rédito político y, además, poder llevar a cabo su plan de reforma.

“Si bien hubo como un freno después de la movilización, no hay que descartar que en una coyuntura igual se pueda volver a forzar esta modificación”, advirtió.

Con relación al costo político que puede representar forzar y llevar a cabo la reforma de la Caja Fiscal, dijo que no sería de grandes dimensiones si se toma en cuenta que el Gobierno tiene la sartén por el mango y, además, tiene copada las instituciones. “Tendría un costo político, pero también el partido oficialista tiene a su favor el Estado y eso en cualquier elección implica una ventaja. Dado que las instituciones están cooptadas en gran parte y la oposición no tiene la incidencia necesaria, el costo político no sería tal como en otras ocasiones; sí puede darse en alguna medida, pero ningún otro Gobierno colorado ha tenido este poder que tiene porque hay un copamiento. Eso le va facilitar algunos cambios”, indicó.

Aún cuando el Gobierno de Peña perdió la primera batalla para conseguir la reforma que, según señalan le cuesta al Estado USD 380 millones, lo que se convierte en un déficit para el erario, para Villalba, aún tiene tiempo de recomponer la confianza con el sector afectado, pero deberá ceder más que al principio. Esa concesión podría transformarse en apoyo electoral, según indicó.

“Puede haber algunas modificaciones secundarias e ir negociando algunos puntos de la reforma y diría que estas movilizaciones pueden forzar, pero que, de todas maneras, la intención de hacer una reforma ya tiene que ver con la coyuntura macroeconómica y la receta, porque el programa excede a lo interno y nacional”, manifestó.

“Puede haber costos políticos a cierta escala, quizás en algunos departamentos, Central y Asunción, pero en general no sé si tendrían un costo político muy alto. Si se negocian ciertos cambios, no centrales, pero como una forma de concesión al electorado, la reforma puede salir”, manifestó.

Acotó que si se da esa apertura le podría “redituar a favor electoralmente” al cartismo. No obstante, y eso ya tiene que ver con la sutileza política con la que se lleve a cabo, aspecto que el cartismo ha demostrado que no tiene, para Villalba todo va a “depender de la narrativa , qué concesión, si se presenta como beneficio a ciertos sectores y aunque no sean tales, electoralmente es fácil manipular esas negociaciones”, según analizó.

• Lo hacen en un momento electoral por arrogancia y su inoperancia política manifiesta lo que ya se vio con Prieto. Marcello Lachi, analista político.
• Lo hacen en un momento electoral por arrogancia y su inoperancia política manifiesta lo que ya se vio con Prieto. Marcello Lachi, analista político.Electoralmente perjudica a la ANR porque allí entre los afectadosestán las bases y estructuras del Gobierno.
  Selva Castiñeira, politóloga.
• Puede haber costos políticos a cierta escala, quizás en los departamentos, pero no sé si en Central y Asunción. Sara Mabel Villalba, Dra. en Ciencias Políticas.

Mayoría cartista en el Senado muestra debilidad y crisis

El sector cartista, en especial en la bancada del Senado, donde hasta hace poco tenía abrumadora mayoría, ahora resintió la salida de varios senadores de su bloque. Así se le complica maniobrar con los sectores disidentes dentro del partido y con sus aliados por fuera de la ANR, cuando se trata del proyecto de reforma de la Caja Fiscal.

Este es un tema del cual rehúyen varios sectores, por su alto costo político de llevarse a cabo.

El cartismo tenía una amplia mayoría en el Senado gracias a sus parlamentarios propios y aliados, donde varios electos por la oposición incluso se afiliaron a la ANR, como Norma Aquino, alias Yamy Nal (luego expulsada), Patrick Kemper, Orlando Penner, entre otros.

Honor Colorado impulsó la expulsión de Yamy Nal y eso le valió una primera pérdida, y posteriormente sufrió quiebres en sus propias filas que se pasaron a la disidencia, conformando un bloque de 9 legisladores que podrían llegar a diez, según admiten los propios senadores, a raíz del enojo con el cartismo.

Los tres que se apartaron del cartismo son Alfonso Noria, Erico Galeano y Carlos Núñez que con otros disidentes crearon la bancada hoy liderada Núñez.

El sector de los cuatro liberocartistas liderados por Dionisio Amarilla también se bajó del barco que buscaba la reforma de la Caja Fiscal, por su riesgo político.

Para el analista político Marcello Lachi, solo son 11 los miembros de Honor Colorado fieles y su mayoría en el Senado está atada a la pleitesía que le rinden algunos ex miembros del abdismo y los liberocartistas.

Anticipó que los colorados podrían seguir fraccionándose o generando alianzas en el marco de la campaña electoral que provoca las elecciones municipales de este año.

La Cámara de Senadores resolvió finalmente postergar el estudio del proyecto de reforma de la Caja Fiscal y de la Caja Parlamentaria, trasladando el debate para el próximo mes de marzo, tras el receso legislativo.

La determinación legislativa no se dio en un escenario aislado. Mientras los senadores deliberaban, una multitudinaria manifestación de docentes copó las inmediaciones del Congreso Nacional, exigiendo el rechazo o la modificación de la iniciativa. Las movilizaciones del sector educativo no se limitaron a la capital, replicándose con fuerza en distintos puntos del interior del país, demostrando un alto poder de convocatoria.

Intervención. Es claro que la presión social en las calles marcó la jornada, y fue el factor determinante para la postergación por su alto costo político. El Poder Ejecutivo, expresado a través del vicepresidente de la República, Pedro Alliana pidió la postergación. Ahora el Gobierno y su Legislativo deberán redoblar esfuerzos y se espera cambien de tono y abran al diálogo de tal forma que afectados tengan parte en el estudio del documento.